A partir de julio de 2025, todas las empresas y autónomos en España estarán obligados a emitir facturas electrónicas, según lo establecido por la “Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas”. Esta normativa forma parte de una estrategia de digitalización impulsada por el gobierno para mejorar la competitividad y la transparencia en el tejido empresarial español.
Para autónomos y pymes, esta nueva obligación representa un desafío, ya que muchos de ellos aún no han digitalizado completamente sus procesos.
¿Quiénes están obligados a emitir facturas electrónicas?
Según el Artículo 12 de la Ley 18/2022, todos los empresarios y profesionales, independientemente de su tamaño o facturación anual, estarán obligados a emitir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales. Esta obligación se extiende a todas las transacciones, incluyendo las realizadas entre empresas (B2B) y aquellas dirigidas a consumidores finales (B2C).
Además, la normativa específica que no solo se deben emitir facturas electrónicas, sino que también es obligatorio proporcionar acceso a las mismas para su consulta, descarga y verificación por parte de los destinatarios durante el plazo de prescripción legal.
¿Qué implica la factura electrónica?
La factura electrónica es una factura que se emite y recibe en formato digital, cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente. Este tipo de facturación ofrece muchas ventajas, como la reducción de errores, la mejora en el control de pagos y la eliminación de papel, pero para cumplir con la nueva ley es necesario contar con un software que permita emitir facturas en el formato correcto y gestionarlas de forma eficiente.
Requisitos técnicos y normativos
La normativa establece que las facturas electrónicas deben cumplir con una serie de requisitos técnicos para garantizar su validez y autenticidad:
– Autenticidad del Origen e Integridad del Contenido: Las facturas deben contar con mecanismos que aseguren la autenticidad del emisor y la integridad del contenido, como la firma electrónica avanzada o el uso de intercambios electrónicos de datos (EDI), según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley.
– Conservación de Facturas: Las facturas electrónicas deben ser conservadas durante el plazo legal de prescripción, que es de 4 años según la normativa tributaria, en un formato que garantice su legibilidad y accesibilidad futura.
– Acceso por parte de la Administración: La Ley también establece la obligación de facilitar a la Agencia Tributaria el acceso a las facturas electrónicas para su control y verificación en caso de inspección o requerimiento.
¿Cómo afecta a los autónomos y pymes?
Para los autónomos y pymes, la adopción de la factura electrónica es mucho más que una obligación legal; es una oportunidad para modernizar sus operaciones. Algunas de las áreas clave en las que este cambio tendrá impacto son:
- Emisión de Facturas: Las facturas deben generarse en formatos electrónicos específicos como Facturae, lo que requiere software especializado.
- Gestión de Procesos: Desde la compra hasta la venta y la contabilidad, todo el flujo de facturación se verá afectado, haciendo imprescindible contar con herramientas que integren estas funciones.
- Cumplimiento Legal: No adaptarse a la nueva normativa puede generar sanciones, por lo que es vital anticiparse y estar preparado antes de julio de 2025.
Sanciones por incumplimiento
El Artículo 14 de la Ley 18/2022 prevé sanciones para aquellas empresas y profesionales que no cumplan con la obligación de emitir facturas electrónicas dentro de los plazos establecidos. Las sanciones pueden variar en función de la gravedad del incumplimiento y de la reiteración de la infracción, por lo que es crucial que las empresas se aseguren de cumplir con los requisitos legales a tiempo.
Beneficios de la facturación electrónica
Más allá de la obligatoriedad, la facturación electrónica ofrece múltiples beneficios:
1. Eficiencia en la gestión: Automatizar el proceso de facturación reduce errores y tiempos de procesamiento.
2. Ahorro de costes: Se eliminan los costes asociados al papel y al almacenamiento físico.
3. Cumplimiento normativo: facilita la gestión de las obligaciones fiscales y mejora la relación con la Administración.
4. Sostenibilidad: contribuye a la reducción del impacto ambiental al disminuir el uso de papel.
Desde SM Asesores Arañuelo ponemos a tu disposición los recursos formativos necesarios para actualizarse y adaptarse a los nuevo retos digitales de obligado cumplimiento.
